Las multas, ¿Por correo electrónico? (2)

Hace dos años escribí un mensaje llamado "Las multas, ¿por correo electrónico?" en que daba aviso de las limitaciones del correo electrónico como medio para una notificación fiable que dejara constancia de cara a emisor y receptor de la llegada de una sanción.

Es cierto que cuando lo escribí todavía no tenía noticia de la existencia del apartado postal electrónico, una de las pocas iniciativas de correo electrónico certificado en territorio patrio (el correo electrónico certificado parece especie en extinción: ningún motor de correo web parece soportarlo, y la mayor parte de la gente usa correo web para poder migrar de un operador a otro sin consecuencias). Sin embargo, sigue habiendo unos cuantos problemas fundamentales:

1) Migración de operador/dirección de correo electrónico. No se puede esperar que, cuando el usuario migra de correo electrónico, recuerde a qué administraciones dio su correo y a cuáles debe, por tanto, comunicarles la dirección nueva.

2) Notificaciones en el buzón de Spam. Si el usuario no va a recibir notificaciones constantemente, es bastante probable que estas acaben en el buzón de spam sin que él se dé cuenta (nos damos cuenta de revisar el spam cuando no nos ha llegado un mensaje que esperábamos, pero no cuando no esperábamos un mensaje).

3) Phising. ¿Qué mejor para un phiser que enviar notificaciones de multas? Máxime cuando, recuerdo de nuevo, ni hotmail ni gmail ni yahoo mail (acabo de comprobarlo) muestran si un correo está firmado (sólo muestran si domainkeys ha aceptado el mensaje como procedente del dominio del remitente, pero no si su contenido es legítimo).

Por otro lado, la deficiente gestión de la firma electrónica en la administración española (ver una plétora de artículos en este blog) y el analfabetismo digital en los altos funcionarios puesto de relieve, por ejemplo, en la adaptación a la TDT (que sigue teniendo agujeros en zonas densamente pobladas, incluso en la corona metropolitana de Madrid, pues nadie les dijo a los altos funcionarios que los medios digitales, aunque son "a prueba de errores", también son "más sensibles a errores") hacen temer que el nuevo motor de gestión de multas sirva solamente para que las administraciones se ahorren los costes de envío de las notificaciones, como hasta ahora hacían ilegalmente (lo evidencia la prensa) algunos ayuntamientos.

Y esta transición al mundo digital, que es voluntaria para los ciudadanos, se impone, en cambio, a las empresas (aquí como en la seguridad social). Me pregunto yo si el gobierno les subvencionará a los empresarios la conexión a internet, o si será consecuente e incluirá esta entre los bienes de consumo imprescindibles al calcular el IPC.