Llego a casa y me pongo a leer el periódico ("El Mundo") de ayer. Es una sana costumbre que os recomiendo, porque permite repasar pequeñas noticias que se pasaron por alto, bien por poco destacadas, bien por hallarse en secciones que normalmente no se consultan. En mi caso, encuentro una noticia en la sección "cultura", una zona del periódico que solía devorar cuando era más joven, pero que actualmente suelo ignorar totalmente.
La noticia en cuestión contiene un par de ideas de Carmen Calvo, la ministra española de Cultura, sobre el precio fijo de los libros.
- En primer lugar, matiza que no se trata de un precio fijo, sino de un "precio único"(*), y que los libros son bienes culturales, que por tanto no están sometidos a la leyes del mercado.
- En segundo lugar, advierte que la intención del gobierno (central) es llegar a un acuerdo con los gobiernos autonómicos para conseguir que los libros de texto sean gratuitos.
- En tercer lugar, asegura que su política pretende promocionar las pequeñas librerías y editoriales, aumentando incluso su número en las pequeñas poblaciones.
¿A qué os suena esto? A mi me suena a Aspirina®. Las aspirinas no tienen en España un precio "fijo", sino un "precio único". Se supone que los medicamentos no están sometidos a las leyes del mercado (pese a lo cual algunos se pueden promocionar en TV, y la mayoría en revistas especializadas), por lo cual el gobierno controla su precio poniéndose de acuerdo con los fabricantes. Ciertos medicamentos son gratuitos (si se adquieren mediante una receta de la Seguridad Social). Las farmacias son una institución protegida que no compite con las grandes superficies; se procura que haya farmacias en todas las zonas del país, y por eso antes de colocar una nueva farmacia hay que pedir una licencia y comprobar que no haya otra farmacia cercana.
Pero es que los libros no son aspirinas.
Esto parece evidente, porque nadie se toma una droga por gusto, o eso intentan por lo menos los médicos. Pero vayamos al caso extremo: el de los libros de texto. Un médico decide individualmente qué medicamento recetar a un paciente. En una institución educativa, es el departamento responsable de la asignatura el que decide qué libros usarán todos los niños de un mismo nivel (dejando aparte cuatro o cinco casos de niños con diagnósticos especiales). En el caso de los libros de texto, no existen los genéricos. El profesor necesita que todos los niños utilicen exactamente el mismo manual, con las mismas definiciones, los mismos ejercicios y los mismos textos, en definitiva.
Si se quiere que las librerías sigan haciendo negocio, el libro ha de tener un precio nominal que se pague con algún tipo de bono sellado por la institución educativa (puesto que si se ofrece en el mismo instituto se está compitiendo deslealmente con las librerías). ¿Aceptará una librería de Villaverde (donde viven algunos de mis alumnos) un bono para libros de mi instituto, que está en Getafe (especialmente, si esos libros son totalmente distintos a los que encargan el resto de alumnos de Villaverde)? ¿Aceptará esa misma librería que las autoridades la obliguen, para evitar picarescas, a establecer un sistema de control de inventario y facturación parecido al que existe en las farmacias, para usarlo sólo durante el mes de septiembre? ¿Colocarán cupones recortables en el lomo del libro? ¿Se exigirá la pertenencia a un gremio(**) para poder vender libros en concreto, como sucede en Holanda?
Me parece absurdo.
Por otro lado, señora ministra, si los libros están fuera de las leyes del mercado, ¿qué hace usted acudiendo a presentaciones y otros actos de promoción de libros en concreto?
En fin, aguantemos con estoicismo. De momento me voy a autorrecetar un poco de Séneca, con un poco de tila.
(*) Para que sea único alguien ha de fijarlo, digo yo. Y fijo es el participio irregular con valor de adjetivo del verbo fijar. Quizá los doctores en derecho no lleguen a esta deducción...
(**) Pregunta capciosa. El autor sabe, como la ministra, que la Constitución Española prohibe los gremios.
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