Por qué estoy en contra de la reforma constitucional para la implantación de un techo de déficit

Por qué estoy en contra de la reforma constitucional para la implantación de un techo de déficit:

1) Porque es una reforma constitucional hecha deprisa y mal. Llama la atención que el PSOE, que accedió al poder en Marzo de 2004 con la promesa de hacer varias reformas constitucionales, al final sólo haya hecho una que no estaba en ninguno de sus programas electorales, y que la haga justo antes de disolver las cortes.

2) Porque no creo que sirva para nada, poco más allá de dar ánimos a los empresarios, consumidores e inversores (pero la estrategia de animar a los empresarios, consumidores e inversores ya se mostró inútil entre 2008 y 2009). Los efectos legales prácticos son imprecisos, y deben ser regulados por ley orgánica; pero, puesto que los presupuestos generales del estado YA SON ley orgánica, se podrán pasar dicha ley por el forro, y esperar a que el tribunal constitucional, años después, se pronuncie en una u otra dirección.
3) Por otro lado, los presupuestos autonómicos, que sí se verían realmente afectados (no se aprueban como ley orgánica), se hacen proyectando para el año actual ganancias de años anteriores: eso es lo que ha causado la crisis en economías basadas en los impuestos sobre licencias de actividad y urbanización, como ha ocurrido en casi todos los ayuntamientos. Es decir, que si tomamos el PIB de un año para elaborar los presupuestos del año siguiente, el problema seguirá ahí.

4) La estrategia de aprobar una reforma constitucional a toda prisa pero no aplicarla hasta nueve años después es claramente inmoral, puesto que la reforma no afectará a los presupuestos que apruebe el legislador actual, ni a los que apruebe el siguiente; ni siquiera a los que apruebe el sucesor del último. Suponiendo que gane Rajoy (como casi todas las encuestas pronostican) y que no prorrogue su mandato más allá de la segunda legislatura (como se está poniendo de moda últimamente), el líder de la derecha no se vería en absoluto afectado por la medida.

5) Finalmente, creo que se debería convocar un referéndum, máxime cuando hay un proceso electoral programado para el 20 de noviembre que podría ser simultaneado con el plebiscito para ahorrar costes. La costumbre de no convocar referendos excepto en cuestiones que ya están claramente decididas y en las que la opinión popular apoya claramente la del legislador dice muy poco en favor de nuestros hábitos democráticos.