Mensaje enviado a autocontrol

Hoy, al leer El País, he vuelto a ver un anuncio parecido a este. La verdad es que me tiene frito el hecho de que los publicistas ni se molesten en comprobar si la "letra pequeña" es realmente legible. Y hacen mal, porque alguien podría denunciar su campaña y hacer que la retiren, perdiendo semanas de trabajo.

Así que, aprovechando que últimamente dan mucho la lata los de autocontrol, les he enviado mi DALP (Derecho a la pataleta) del día. Es fácil hacerlo y, la verdad, el código deontológico está tan lleno de buenas palabras que prácticamente se puede coger a cualquier anunciante por cualquier cosa. Sólo necesitáis Ceder Gratuitamente Una Plétora de Datos Personales™, sobre cuyo uso no se informa claramente en la web.

Estimados señores:

El motivo de esta queja es el cada vez más frecuente recurso a utilizar tipos de letra minúscula en medios cuya resolución en insuficiente para dar una imagen de ellos.

En el archivo adjunto pueden ver una imagen del anuncio de Simyo aparecido el día de hoy (23/7/2008) en la edición madrileña del diario El País.


Observarán en las versiones de alta resolución sin pérdida de calidad (ver más abajo) que la "letra pequeña" de la parte superior del anuncio ("PVP válido para portabilidades. Incluye impuestos indirectos") es claramente legible, mientras que la letra pequeña de la parte inferior (debajo de "Para prepago y contrato") es completamente ilegible.

Pero lo que hace que sea ilegible no es el tamaño (aunque está en un cuerpo muy pequeño: 1 milímetro, más o menos 2,83 puntos) sino la escasa resolución del medio empleado (aproximadamente 5 puntos de entintado de medio tono por milímetro, unos 127dpi, lo que produce caracteres de 5x5 puntos en el mejor de los casos). Esta escasa resolución impide su lectura completamente, convirtiendo el texto en un conjunto de puntos borrosos.

Para comprender lo que quiero decir, escriban un documento con letra de cuerpo 8 (seguirá siendo legible) y luego mándenlo a un fax antiguo con resolución estándar de 150 dpi (producirá un texto ilegible): un efecto parecido al de pintar una miniatura usando la brocha gorda.

Este hecho hace que se vea comprometida la regla C, "Exigencia de Veracidad", del código de Conducta Publicitaria, especialmente en lo que atañe a su punto 14.2, "Precio" ("La indicación del precio en la publicidad exige que sea completo o se establezca presupuesto o modo de fijación del mismo.").

Es especialmente grave que en la "letra pequeña" que regula las cláusulas del terminal aparezca la expresión "Impuestos indirectos incluidos", mientras que el servicio telefónico no incluye el IVA (según informa en la web, y, se supone, informan también estas dos líneas de cuerpo 3).

Es cierto que las leyes establecen la tipografía de los anuncios en proporción al tamaño de los mismos, pero sería de desear que los creativos, antes de remitir un anuncio a un medio, comprobasen cuál es el cuerpo de letra mínimo que dicho medio puede imprimir, especialmente si se trata de un anuncio en color, donde es más común que haya problemas debidos a la resolución o a la compresión con pérdida de calidad.

Pues el problema no lo he visto tan sólo en este anuncio de Simyo, sino en diversos anuncios anteriores, y últimamente se va a agravar con la TDT (que ejecuta una compresión de pérdida de calidad sobre los fotogramas, desfigurando totalmente el texto que aparece a gran velocidad sobre el televisor).

Atentamente,

José G. Moya Yangüela


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NOTA
Puesto que en la en la versión comprimida mediante jpeg no se observan claramente las características de la imagen, pueden obtener una versión TIFF no comprimida (11 Mb) en el siguiente enlace:
http://publidenuncia.apagada.com/albums/ours/AnuncioSimyoElPa%C3%ADsMadrid20080723_P44.tif

Asimismo, pueden obtener una vista de detalle en el enlace:
http://publidenuncia.apagada.com/albums/ours/AnuncioSimyoElPa%EF%BF%BDsMadrid20080723_P44_detalleHiRes.tif
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¿Otra liberalización es posible?

He pasado meses pensando en algún símil que me permita expresar mi opinión sobre el asunto, y al final he hallado uno.

Imaginad que el gobierno decide expropiar los edificios que albergan los hoteles, y crear con ellos un Gestor de Infraestructuras Hoteleras. Desde ese momento, cada empresa hotelera (e incluso pequeñas empresas aventureras que aprovecharían la ocasión) se limitará a ofrecer servicios hoteleros: la limpieza, el servicio de habitaciones, el restaurante, y otros servicios de valor añadido. De manera que Martín Martínez, de viaje a Madrid, podría contratar un hotel de cinco estrellas con NH (por poner un ejemplo de cadena económica) y acabar alojado en el Ritz.

¿Absurdo? Sí, probablemente. Todo el mundo sabe que, aunque el coste en personal, limpieza y demás acaba siendo finalmente mucho mayor, la construcción (o compra) y mantenimiento del edificio y mobiliario tienen también un gran peso. Además, la ubicación es importante: una cadena que haya conseguido un hotel en primera línea de playa, o en el centro económico y financiero de una gran ciudad, no estaría conforme con poder operar en otros hoteles y que a cambio otras compañías usen ese hotel privilegiado.

Es curioso que, en cambio, a nadie le suenen extrañas las siguientes ideas:

1. Las compañías eléctricas venden su red al estado. A partir de entonces, pasan a gestionar únicamente la venta de energía (sea producida por ellas o comprada a terceros) al consumidor, y dejan de crear redes eléctricas interurbanas. A continuación, el operador de la red podrá achacar la causa de los apagones a las compañías, y éstas al operador de la red.


2. Las compañías ferroviarias interurbanas, cuyos vehículos y redes ya fueron expropiados por el estado en el pasado, se desglosan en una compañía estatal que gestiona redes ferroviarias y estaciones y otra que opera vehículos sobre dichas redes. A continuación, se abre la posibilidad de que nuevas compañías operen vehículos (primero para el transporte de mercancías, después de pasajeros) sobre dichas redes. Se espera algún tipo de norma reguladora, de forma que las líneas de alta velocidad no estén ocupadas por un un servicio de tren histórico a 50 km/h operado por un consorcio de compañías aéreas y de autobuses. Es más: probablemente la liberalización deje una sola compañía por línea, como ocurre en el sector de los autobuses, cuya liberalización no comporta el problema del par infraestructura/servicio (*)
. Este monopolio por trayectos es justamente lo que se quiso evitar en el caso de las eléctricas.


3. Las compañías telefónicas no venden su red al estado, aunque se cede el monopolio del cable a una compañía por un tiempo reducido. Se designa, sin embargo, una compañía que tendrá la obligación de prestar los servicios telefónicos mínimos y de llevar el cable de teléfono a casa de cada abonado; los abonados tendrán que pedirle instalación la línea a dicha compañía o al operador de cable, y a continuación podrán cambiarse de operador sin ninguna penalización, aunque la primera compañía les haya puesto la línea gratis. Con esto se supone que se incentiva la inversión en la construcción de redes propias.

Si el mayor obstáculo histórico para la construcción de líneas ferroviarias, eléctricas y telegráficas fue la propia construcción de la línea, ahora es papá estado, o en muchos casos una compañía ex-monopolística la que se hace cargo del mantenimiento y ampliación de la línea. La liberalización se extiende solamente a los servicios (en muchos casos, meras reventas de servicios) sobre un coste de infraestructuras previamente tarifado (por un operador monopolístico, o por un oligopolio que no puede operar en Kartell pero lo es de facto. La competencia, por tanto, es una mera competencia en precios, no en productos, pues muchos de los elementos que inciden sobre la calidad final (tipo de vías en ferrocarril, resistencia a fallos de la red en electricidad, calidad de la línea en telefonía) no dependen ni pueden depender de la empresa proveedora.
Hágase aquí énfasis en que, en el caso de la telefonía, sí es posible que haya redes propias, pero no hay un incentivo real para desarrollarlas, pues el coste mayor, el de poner un cable a cada piso de cada barrio, sólo es soportado por una compañía (prueben a que cualquier compañía que no sea Telefónica o el operador de cable de su región ponga un teléfono a un piso que no tiene línea de teléfono).

En el caso de la telefonía UTMS (3G) ocurre algo similar (aunque en este caso son cuatro los oligopolistas que han de compartir esa red por la cual previamente han pujado cantidades millonarias). Y, hablando de concesiones de espectro electromagnético, recuerdo que en televisión ocurre últimamente algo parecido (¿daban las concesiones de la TDT licencia para revender los canales, como ha ocurrido con los de Net TV, o para emitir un 100% de publicidad, como ocurre en tres canales de teletienda pertenecientes a sendas operadoras?).

No sé si en Estados Unidos el modelo será similar, aunque sospecho que lo es en el caso de Amtrack. ¿Se hubieran tomado tanto trabajo la General Pacific y la Union Pacific si hubieran sabido que una compañía menor habría podido trasladar sus propios trenes sobre la vía transoceánica? El caso es que este socio-liberalismo, tan defendido por quienes luego se quejan del poder de papá-estado, apesta. Apesta porque hace cargar al sector público (en los casos 1 y 2) con una responsabilidad económica y de desarrollo de infraestructuras que, ante el consumidor, aparece como propia de otras empresas. Empresas que, a continuación, y salvo ver de cerca la quiebra, se negarán a cualquier intervención del estado.

Me da la impresión de que, si el liberalismo clásico era la ley de la jungla, este liberalismo actual no es muy diferente, pero Tarzán le deja un rifle al león.

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Notas
(*) Es característico de este proceso el hecho de que, aprobado el plan anterior, algunos ayuntamientos, operadores de la red viaria municipal de uso público, hayan establecido monopolios sobre los autobuses turísticos que pueden rodar en dichas redes, lo que puede parecer contradictorio con la política liberadora.