viernes, 14 de diciembre de 2012

«El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.» ¡Qué distinto el contenido de este artículo 13 de la —este marzo— tan celebrada Constitución de 1812, a las palabras recientes del ministro de justicia, según el cual gobernar es repartir dolor! ¿Tan japiflagüer es la «Pepa», que cree que todos debemos ser felices? ¿Tan lejos de las raíces utilitaristas del liberalismo se halla el «Pepe» que admite, clara y llanamente, ser falsa aquella afirmación del segundo párrafo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, según la cual la búsqueda de felicidad es un derecho otorgado al hombre por su Creador?
La afirmación de la Pepa, como la de la Declaración de Independencia de EEUU, debe ser vista a la luz de una concepción concreta del estado. La nación es un contrato entre los ciudadanos libres (que, todo hay que decirlo, no son sino una pequeña parte de la población). Este contrato tiene por objeto proteger los derechos «naturales» o «inalienables» de los ciudadanos (los pondré entre comillas, pues si fueran inalienables y naturales de verdad, nadie se hallaría en la necesidad de protegerlos): vida, libertad y búsqueda de felicidad. Es decir, la existencia del gobierno es un mal menor contra la anarquía, y por eso «se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados».
Por otra parte, esa búsqueda de la felicidad es el concepto básico del utilitarismo, que no es sino una forma refinada de paternalismo. Los gobernantes deben gobernar de la manera que haga más felices (o, en ciertas variantes, menos infelices) a más personas. El problema, evidentemente, está en qué es lo que se considera felicidad. La solución habitual es dejar este problema en manos de quienes objetivamente poseen los medios para ser más felices, es decir, un patriciado sabio, lo cual no es (moralmente) muy distinto de dejarlo en manos de un rey ilustrado.
Sin embargo, la idea del gobierno como búsqueda de felicidad no ha sido dejada de lado totalmente en el derecho moderno. Ahí está, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contiene afirmaciones como la siguiente: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica». Curiosamente, los estados suelen olvidar la existencia de estos derechos sociales, y su vinculación, a través del derecho a la felicidad, con los orígenes del pensamiento liberal.


Otra opinión sobre lo mismo: Constitución y derecho a la felicidad, en Paralelo 36.